«La condición de investigado solicitada por la Fiscalía, y cuya eventual materialización es competencia del Juez, no implica, en esta fase preliminar del procedimiento, la acusación formal por ningún delito«. Así ha respondido esta tarde BBVA, a través de un comunicado, a la petición de la Fiscalía Anticorrupción de imputar a la entidad como persona jurídica por su implicación en varios presuntos delitos relacionados con el pago a la empresa Cenyt, propiedad del excomisario de policía José Manuel Villarejo.

En concreto, Anticorrupción  imputa un presunto delito de cohecho a las contrataciones realizadas al grupo Cenyt destinadas al «desarrollo de múltiples servicios de inteligencia y/o de investigación de naturaleza patrimonial y carácter ilícito»; otro posible delito de descubrimiento y revelación de secretos, que se achacan a «una reiterada injerencia en los derechos fundamentales de las personas mediante seguimientos personales y acceso a sus comunicaciones o a su documentación bancaria»; y por último, un presunto delito de corrupción de los negocios se imputa a que algunos de los ejecutivos de BBVA investigados «habrían recibido dádivas del entorno del grupo Cenyt por la facilitación de tales contrataciones».

“Quiero reiterar nuestro firme compromiso con el esclarecimiento de los hechos y con el cumplimiento de la ley, para lo que continuaremos colaborando activamente con la Justicia”, ha señalado Carlos Torres, presidente de BBVA. En este sentido, el banco ha explicado que hasta el momento ha aportado información a la causa «desde su inicio, incluso con anterioridad a la apertura de la pieza». «Posteriormente ha compartido también con la justicia de manera proactiva los hallazgos relevantes de la investigación ‘forensic’ encargada hace seis meses a Garrigues, Uría Menéndez y PwC, información que no estamos autorizados a difundir públicamente dada la exigencia de no interferir en la investigación judicial», añade la entidad.

Adicionalmente, BBVA solicitó personarse como parte perjudicada por los hechos investigados, en calidad de acusación particular. En esta fase incipiente de la instrucción la Fiscalía propone descartar, por el momento, tal solicitud. Esta medida, de aprobarse por el juez de la Audiencia Nacional, impediría a la entidad acceder al sumario, que hasta ahora permanece bajo secreto.

Fuente: Cinco Días