La Comisión Europea pone en duda el plan de España para apoyar las inversiones de Peugeot en su planta de Vigo. Bruselas ha anunciado este lunes la apertura de una investigación para determinar si los 20,7 millones de euros comprometidos por España a la compañía automovilística francesa incumplen las normas comunitarias sobre ayudas de Estado de finalidad regional. Las leyes europeas permiten dedicar fondos a impulsar la inversión privada, pero están sujetas a estrictos requisitos para evitar que los países dañen la competencia al beneficiar a unas empresas más que al resto o favorecer a unas determinadas regiones europeas frente a otras.

«La inversión pública es importante para fomentar el crecimiento económico de las regiones desfavorecidas en Europa. No obstante, debemos evitar las competiciones perjudiciales entre los Estados miembros», ha pedido la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager. Fuentes consultadas de Grupo PSA, el grupo francés propietario de las marcas Peugeot, Citroën y Opel, han relativizado la relevancia de la medida tomada por el gobierno comunitario: «Es una etapa habitual en el procedimiento  normal de control de las ayudas estatales», han apuntado las referidas fuentes, asegurando que se trata de una apertura de consultas para que todas las partes interesadas puedan presentar «sus observaciones sobre la conformidad o no de la ayuda».

El Ejecutivo comunitario tiene serias dudas acerca de si España se ha extralimitado en los subsidios y, si las pesquisas así lo indican, la obligará a anular la entrega de los fondos. Las normas dicen que el dinero público debe tener, entre otras cosas, un efecto incentivador, limitarse al mínimo para conseguir el objetivo de atraer la inversión, y no provocar que la empresa traslade expresamente su producción desde otro punto de la Unión Europea igual o más desfavorecido solo por recibir los fondos.

España notificó en noviembre de 2017 a la Comisión Europea su intención de conceder a Peugeot la ayuda. Pero Bruselas cree que se han podido cometer irregularidades. Concretamente tiene dos temores: que los subsidios españoles hayan atraido el proyecto desde una región más desfavorecida de otro país europeo, y que Peugeot hubiera realizado la inversión en Vigo sin necesidad de otorgarle ayudas públicas. Además, no está convencida de que contribuyan al desarrollo regional, sean proporcionales o fomenten la innovación.

Vestager se ha hecho eco de esas preocupaciones. «La Comisión investigará meticulosamente si las ayudas previstas de España son realmente necesarias para que Peugeot invierta en procesos de producción verdaderamente innovadores en Vigo y si van a desarrollar la región sin falsear indebidamente la competencia o ir en detrimento de la cohesión en la UE», ha advertido.

Hace menos de dos semanas, la compañía anunció, en presencia del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, que fabricará en su planta de Vigo un vehículo eléctrico que se comercializará en toda Europa. Es el último modelo que estrena la plantaespués de que el grupo se comprometiera a invertir 640 millones de euros entre 2016 y 2020 para adaptar las instalaciones a la llegada de dos nuevos modelos. El primero es un vehículo comercial para las tres marcas del grupo y el segundo es un todocamino que verá la luz el próximo año y que tendrá también una versión eléctrica. 

En la Comisión Europea existe inquietud por la posibilidad de que las ayudas de España contribuyan a distorsionar el mercado al reducir sus costes de explotación normales, mientras sus competidores locales deben incurrir en gastos similares por sí mismos. 

El procedimiento iniciado por la Comisión Europea supone una amenaza para un sector que no atraviesa por su mejor situación, afectado por la caída de las ventas en todo el continente que reducirá la producción en la mayor parte de las plantas y un entorno de transformación tecnológica. Las principales marcas europeas ultiman su asalto al mercado de los vehículos eléctricos de la mano de una gran inversión para desarrollarlos y para preparar las factorías. Lo hace con el temor de tener que asumir sanciones multimillonarias a partir de 2021, cuando tendrán que afrontar los nuevos límites de emisiones contaminantes fijados por la Unión Europea.

Fuente: El País