El macrojuicio contra 133 controladores aéreos en Madrid por el cierre del espacio aéreo español en diciembre de 2010 arranca este miércoles en el Juzgado de lo Penal número 18 con un principio de acuerdo con 119 de los acusados de un delito de abandono de servicio público por paralizar la actividad aeronáutica entre los días 3 y 4 de diciembre de ese año.

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El caos aéreo afectó a unos 700.000 pasajeros y a más de 5.000 vuelos en toda España, con colectivos de afectados que iniciaron acciones legales. En el banquillo se sientan 133 controladores, de los que 119 han alcanzado un acuerdo con la Fiscalía de Madrid que se dará a conocer en el juicio. Los acusados que no han pactado, entre los que figura el que fuera portavoz del sindicato mayoritario USCA César Cabo, se enfrentan a multas de entre 75.000 y 60.000 euros.

En su escrito de acusación, el fiscal recuerda la condición de funcionarios públicos de los acusados y el «esencial» servicio público que prestan para la comunidad, el transporte aéreo. También reclama una indemnización conjunta y solidaria a cada uno de los perjudicados por el importe que acrediten haber pagado por los billetes de avión cuyo vuelo fuese cancelado y por los demás gastos que acrediten documentalmente derivados de dicha cancelación «en ejecución de sentencia y siempre que se pruebe que no ha sido indemnizado con anterioridad». De dichas indemnizaciones será responsable civil subsidiario el ente público Aena.

Cierre del espacio aéreo

El escrito de acusación recuerda: «A consecuencia del abandono colectivo» de los acusados de sus puestos de trabajo se produjo un cierre del espacio aéreo en la región centro-norte que obligó a cancelar 443 vuelos programados para el día 3 de diciembre de 2010 y otros 909 agendados para el 4 de diciembre. «Dichas cancelaciones produjeron perjuicios al servicio público que presta Aena y a un elevado número de viajeros, que perdieron el importe de sus reservas de avión y hotel, además de otros gastos de cancelación», argumenta el fiscal.

Los vuelos que se vieron afectados fueron «no solo aquellos que tenían origen, destino o escala en el aeropuerto de Madrid, sino también aquellos otros vuelos que, partiendo desde otros lugares, su ruta sobrevolaba el espacio aéreo controlado desde el ACC (centro de control de ruta) de Madrid».

Según la Fiscalía, entre las 17.00 y las 17.15 del pasado 3 de diciembre de 2010 un grupo de 59 controladores, «en una acción colectiva y concertada con el fin de paralizar la actividad aeronáutica al margen de cualquier negociación colectiva u otra vía legal», presentó ante el responsable de la sala un documento «escrito de su puño y letra» en el que cada uno «a su manera» alegaba una disminución significativa de sus capacidades psicofísicas para desempeñar su puesto de controlador aéreo.

En la práctica, la dirección de Aena estaba obligada a la sustitución inmediata de dicho controlador. El hecho de que dicho formulario fuera presentado por prácticamente la totalidad de la plantilla prevista para dicho turno (59 de los 62 controladores programados, y casi de manera simultánea), obligó a la Dirección Regional centro-norte de Aena a reducir progresivamente la capacidad de los distintos sectores en que se organiza el espacio aéreo. Al comienzo del turno de noche en el Centro de control tan solo se presentaron 16 controladores de los 44 que estaban programados. La mayoría de estos controladores, tal y como relata la Fiscalía, estaban reunidos en una asamblea convocada por la Dirección de USCA, sindicato mayoritario de controladores aéreos.

El 4 de diciembre ocurrió algo parecido. De los 73 controladores aéreos que tenían que acudir a su puesto de trabajo solo 19 lo hicieron, y de ellos una docena siguió la misma estrategia que en los turnos anteriores «con la finalidad de mantener el cierre del espacio aéreo por falta de personal», alegando disminución de capacidades psicofísicas para ejercer su función de controlador.

Este tipo de acciones se hicieron, a juicio de la Fiscalía, con constancia de la situación «límite» en que ponían a Aena «y previendo y asumiendo que se debería cerrar el espacio aéreo ante la indisposición para trabajar de la casi totalidad de los controladores operativos en dicho turno». Es más, hace hincapié en que la Junta Directiva del sindicato USCA, que intervenía en las negociaciones con Aena para el II Convenio laboral del personal aeronáutico, coordinó la convocatoria y las acciones descritas «al margen de cualquier convocatoria formal de huelga» y contando con la colaboración esencial de los delegados locales de Madrid, integrantes del comité ejecutivo del sindicato.

De ahí que en el tema de las indemnizaciones el Ministerio Público reclame 75.000 euros y un año de suspensión de empleo a los siete miembros que o bien formaban parte de la Junta Directiva de USCA o bien eran miembros de su comité ejecutivo, y para el resto de trabajadores una indemnización de 60.000 euros.

Fuente: El País