El Consejo de Ministros se dispone a aprobar este martes los decretos con los nuevos impuestos, la tasa Google y la tasa Tobin, tal y como adelantó EL PAÍS este fin de semana. Fuentes gubernamentales aseguran que casi con toda probabilidad el proyecto normativo con las dos nuevas figuras tributarias recibirá mañana martes el visto bueno del Gobierno e iniciará la andadura parlamentaria para poder aprobarlos cuanto antes.

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Estos impuestos son dos de las medidas comprometidas con Bruselas para ayudar a sanear las cuentas y reducir el déficit público. Llevan sobre la mesa de la ministra de Hacienda desde hace más de un año. Incluso el anterior ministro popular, Cristóbal Montoro, también trató de sacarlas adelante, pero la inestabilidad política de los últimos meses ha retrasado su tramitación.

La ministra ya lo anticipó

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ya aseguró la semana pasada en el Congreso que los nuevos impuestos a las transacciones financieras y a los servicios digitales, comúnmente conocidos como tasa Tobin y tasa Google «están listos» y se aprobarán «en los próximos Consejos» de Ministros. Preguntada en los pasillos del Congreso por la tramitación de estos proyectos de ley que contempla aprobar el Ejecutivo, la titular de Hacienda afirmó que ambas leyes ya han completado su fase de audiencia pública y «han pasado todo el procedimiento», al igual que la nueva ley contra el fraude fiscal.

El impuesto sobre las transacciones financieras y la tasa Google son las dos novedades fiscales que más ingresos —además de la revisión de tipo del impuesto de sociedades— aportarán a las arcas públicas, según las estimaciones del Ejecutivo. De acuerdo con el Plan Presupuestario remitido a Bruselas el pasado otoño, la tasa Tobin proporcionaría 850 millones de euros adicionales al Fisco; la tasa Google hasta 1.200 millones. Unos ingresos que se hacen aún más necesarios ante el pronóstico de ralentización económica previsto para este año.

El Gobierno de Pedro Sánchez ya presentó estos dos impuestos ante las Cortes antes de quedar en funciones por la convocatoria anticipada de elecciones, pero ambos proyectos de ley decayeron por la disolución de las Cámaras.

Tasa Google

La tasa Google, como se conoce popularmente al impuesto sobre determinados servicios digitales, diseñado por España contará presumiblemente con un tipo impositivo del 3%, que se aplicaría sobre empresas digitales con una facturación mundial superior a 750 millones y cuyos ingresos en España sean mayores a los tres millones de euros. El decreto presentado el año pasado, que decayó por la convocatoria electoral, definía tres hechos imponibles en el que la participación de los usuarios es decisiva para la creación de valor: la publicidad dirigida a usuarios de una interfaz digital (página web, plataforma tecnológica, software, o red social); la puesta a disposición de plataformas que permitan a los usuarios localizar a otros usuarios para comerciar con ellos (el caso paradigmático es Amazon) y, por último, la venta o cesión de datos recopilados de los usuarios de una web o plataforma.

El Ejecutivo de coalición de izquierdas también prevé dar luz verde al impuesto sobre transacciones financieras. La tasa Tobin es otro de los tributos ampliamente debatidos en el ámbito internacional desde 2013. Países como Francia, Italia o Bélgica ya tienen una figura similar. Existe un grupo de trabajo dentro de la Unión Europea para armonizar este impuesto al objeto de que no haya competencia fiscal entre los países.

Este impuesto gravará con un 0,2% la compraventa de acciones de compañías españolas con un valor bursátil superior a 1.000 millones, siempre que se mantenga la redacción del proyecto inicial presentado hace un año y retirado tras la convocatoria electoral. El encargado de pagar al fisco será el intermediario financiero que ejecute la orden de compra. A diferencia del anterior impuesto, la recaudación obtenida por este —Hacienda calcula que arañará unos 850 millones— se destinará a financiar las pensiones y las prestaciones de la Seguridad Social. Quedan fuera del ámbito de este impuesto, tanto la deuda pública como la privada, y los derivados financieros.

Lucha contra el fraude

El Gobierno también tiene previsto aprobar el proyecto de ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, que incluye un amplio paquete de medidas. Entre las iniciativas más destacadas de esta nueva bateria de medidas contra el fraude fiscal destaca la limitación de los pagos de dinero en metálico a 1.000 euros. La medida solo afectará a profesionales y no a todos los contribuyentes.

También se reformará la lista de deudores con la Agencia Tributaria, conocida popularmente como lista de morosos, para incluir en el listado a los responsables solidarios y rebajar el límite a partir del cual el fisco incluye a los contribuyentes en esta relación desde un millón a 600.000 euros. Además, se pretende legislar para prohibir las amnistías fiscales y asumir las normas internacionales contra el fraude. Con todas estas medidas, prevé recaudar 500 millones extra.

Amenazas arancelarias de EE UU

Los nuevos impuestos se encontrarán con duros oponentes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado los socios comunitarios con nuevos aranceles sobre los automóviles si siguen adelante con sus planes de imponer un impuesto digital. Todo, defiende Washington, tiene que pasar por las negociaciones en marcha en la OCDE, que no es previsible que concluyan pronto. Con los mismos argumentos, a distintos sectores, ha logrado que Francia diera marcha atrás en un impuesto que ya estaba en marcha. España también plantea crear su tasa Google si las conversaciones para crear un impuesto global no fructifican.

La Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económicas (OCDE) trabaja en un tributo de estas características. Según el proyecto con el que trabaja, los beneficios que aportaría a las arcas públicas la aprobación de una tasa Google global permitiría recaudar unos 100.000 millones de dólares anuales (más de 92.000 millones de euros), equivalentes al 4% de lo que ahora obtienen los Estados a nivel mundial en impuesto de sociedades.

En concreto, la OCDE está trabajando sobre dos grandes reformas de la fiscalidad internacional. El primer pilar supone que las grandes corporaciones —no solo tecnológicas, en un guiño a Estados Unidos—, sin importar cuál sea su domicilio fiscal, tributen donde estén sus usuarios aunque no tengan ahí sedes físicas. El segundo pilar contempla la fijación de un tipo mínimo de sociedades a nivel global, para evitar el desvío de los beneficios de los grandes grupos a territorios con reglas fiscales más ventajosas y asegurar que paguen impuestos en todos aquellos países donde operan. El fin último, como ha aclarado el organismo en más de una ocasión, es garantizar una asignación equitativa de los derechos fiscales entre Estados y evitar que estos adopten soluciones unilaterales generando tensiones, como ha ocurrido recientemente entre Francia y Estados Unidos justo acerca de la tasa Google aprobada por el país galo.

El análisis publicado el pasado jueves se ha elaborado a través de los datos de más de 200 jurisdicciones y más de 27.000 multinacionales. Sus conclusiones apuntan a que el primer pilar generaría una leve mejora en la recaudación en la mayoría de las jurisdicciones, sobre todo aquellas de ingresos bajos y medianos. Más de la mitad de estas ganancias, apunta el documento, provendrían de 100 grandes grupos corporaciones. El segundo pilar sí permitiría lograr ingresos más significativos, al reducir los diferenciales impositivos entre países. Las reformas, añade el organismo, también reducirían el peso que tiene el impuesto de sociedades a la hora de elegir dónde invertir.

Fuente: El País