Los cooperativistas vascos pueden dormir más tranquilos. El Parlamento vasco ha aprobado con el apoyo del PNV, EH Bildu, PSE-EE y PP -y la abstención de Elkarrekin Podemos- la nueva Ley de Cooperativas tras la catarsis política, económica y social que supuso la quiebra de Fagor y los problemas, ya encauzados, de endeudamiento de Eroski. Un texto que actualiza el anterior de 1993 en una comunidad con 1.618 sociedades de ese tipo y casi 60.000 socios, el 6% de la población ocupada. 

El nuevo texto, impulsado por la consejería de Justicia y Trabajo que dirige la socialista María Jesús San José, blinda el patrimonio de los socios al delimitar las responsabilidades en las que incurren frente a las deudas que pueda acumular la sociedad. También amplia el número de eventuales que podrán contratar, al pasar del 25% al 30%. Además, abre el abanico para la creación de nuevas cooperativas y apuesta por la paridad entre hombres y mujeres en los órganos gestores. El portavoz del PP, Carmelo Barrio, ha defendido el nuevo texto con decisión frente a las dudas del partido morado: «Este nuevo texto va a hacer avanzar a las cooperativas y a este país», ha dicho.

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La economía social es considerada estratégica por el Gobierno vasco. Y tiene un carácter simbólico por el peso de organizaciones como el Grupo Mondragón, o Ner Group, aunque en este se mezclan cooperativas y sociedades anónimas. El Parlamento ha avalado por una amplia mayoría aclarar la responsabilidad patrimonial de sus socios frente al anterior texto, que lo dejaba abierto, y con ello a interpretación de los jueces durante los procesos concursales.

Agustín Markaide: «Mejorar nuestro entorno manteniendo nuestra esencia»

El presidente de Eroski, Agustín Markaide ha asegurado este viernes a EL PAÍS que la nueva norma aprobada en el Parlamento vasco representa «un avance que nos posibilita a las cooperativas mantener nuestra esencia en cuanto a valores y en relación a nuestras características como empresas de la economía social participadas y gestionadas por los socios, y también en cuanto a la misión y vocación de contribuir a mejorar nuestro entorno socio económico».

Para Markaide la nueva ley posibilita a las cooperativas competir y desarrollarse en igualdad de condiciones que otras organizaciones con otras estructuras jurídicas. «El avance es notable en cuanto a la clarificación sobre la responsabilidad limitada de las personas socias. También en el ámbito de la gobernanza corporativa, ya que incluye modificaciones respecto a las responsabilidades de los administradores y abre la posibilidad a incrementar los consejeros no socios en el consejo rector de las cooperativas».

En opinión del presidente de Eroski la nueva ley establece un marco normativo más concreto y, por tanto, menos abierto a libres interpretaciones con lo que tiene de ventaja que todos los actores «conozcamos las reglas del juego». En su opinión ello permite a las cooperativas adaptarse a las nuevas realidades que van marcando la evolución del mercado y de la sociedad sin autorrestricciones infundadas. «Es significativo y merecido destacar el alto consenso alcanzado en su tramitación», ha puesto en valor.

El juzgado de Bergara, Gipuzkoa, que estudió en 2018 la demanda de una parte de los socios de Fagor Electrodomésticos y Edesa tras perder en 2013 las inversiones que tenían en estas cooperativas a través de aportaciones voluntarias y prestamos mercantiles, no entró al fondo de ese asunto. Las dudas que se abrieron sobre el alcance de las responsabilidades personales y societarias se cierran ahora con una regulación específica. La portavoz socialista, Gloria Sánchez, ha remarcado que la ley permitirá a la economía social afrontar retos de futuro y avanzar en la igualdad de género en diferentes órganos de las cooperativas.

A partir de ahora, la cooperativa responderá por las deudas sociales con todo su patrimonio presente y futuro, con algunas excepciones de las contribuciones para la educación y promoción cooperativa y otros fines de interés público. Pero especifica que las personas socias no responderán personalmente de las deudas sociales y su responsabilidad estará limitada a las aportaciones al capital social que hubieran suscrito.

Además, precisa que las personas socias que causen baja no tendrán responsabilidad alguna por las deudas que hubiese contraído la cooperativa con anterioridad a su baja, salvo quienes hubieran suscrito de forma voluntaria contratos o asumido obligaciones con la sociedad cooperativa. En ese caso la nueva normativa precisa que ese tipo de contratos no se extinguen con la pérdida de la condición de socio y por tanto responderán de su cumplimiento aún después de causar baja. La consejera María Jesús San José ha destacado que la norma supone un «instrumento útil» para compaginar el carácter social de las cooperativas con el reto de competir en un mercado global empresarial en permanente evolución y sujeto a constantes incertidumbres.

Esa flexibilidad es la que ha provocado el rechazo de Elkarrekin Podemos. Su portavoz, José Ramón Becerra, ha dicho que la normativa abre «de par en par las puertas a las falsas cooperativas» y merma la estabilidad del empleo y de los salarios. «Esta ley solo establece una masa laboral con menos derechos y salarios para que en tiempos de crisis se pueda soltar lastre», ha dicho como justificación de su abstención.

La nueva legislación otorga mayor flexibilidad de autorregulación a las cooperativas en sus reglamentos internos e incluye a representantes de las diputaciones forales en el Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi. En el texto normativo se crean nuevas figuras como las «junior cooperativas», que serán de carácter educativo, ya que estarán integradas por estudiantes como parte de su formación académica y bajo tutela del centro.

EH Bildu y el PNV han coincidido en que la nueva regulación refuerza la seguridad jurídica de las cooperativas y que eso es un salto para mejorar su crecimiento y su futuro. Pese a todo, EH Bildu ha criticado la flexibilidad laboral.

Fuente: El País