El Ministerio de Agricultura, las comunidades autónomas, las organizaciones agrarias, las cooperativas agroalimentarias y las organizaciones medioambientalistas dieron por finalizados la semana pasada los análisis y debates sobre la situación del sector agrario de cara a elaboración del plan exigido por Bruselas para la próxima reforma de la Política Agrícola Común (PAC). En enero se empezarán a debatir los criterios para la distribución de los recursos en el plan que se presentará a las autoridades comunitarias en 2021. En juego hay 5.700 millones de euros.

Los trabajos desarrollados en el último año han agrandado las diferencias entre las autonomías sobre los actuales criterios para la distribución de las ayudas de la PAC. La mayoría de comunidades autónomas coincide en la necesidad de una nueva redistribución de esos fondos, en base a unos criterios más objetivos y eliminando los pagos por derechos históricos e individuales. Con Aragón, Castilla-La Mancha o La Rioja a la cabeza, la corriente general reclama un cambio profundo. En contra están, principalmente, Andalucía, Galicia y Extremadura. En contra están, principalmente, Andalucía, Galicia y Extremadura.

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El consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez, señala las coincidencias por eliminar los pagos por los derechos históricos, por una política de mayor convergencia de ayudas en un mismo cultivo y una misma región, reducir las regiones de 50 a la mitad, una redistribución donde todos los agricultores cobren la misma ayuda para las primeras hectáreas, la fijación de un techo a las ayudas por explotación y el aumento de las ayudas acopladas en ganadería. “No se entiende que se sigan pagando ayudas en base a unas producciones de los años noventa o que, por ejemplo, un olivarero en regadío pueda cobrar 700 euros por hectárea en Jaén, y otro en secano en Castilla-La Mancha o en el propio Jaén reciba 100 euros al habérsele asignado la ayuda en su día en función de los rendimientos y olvidando su contribución al sostenimiento del medioambiente”.

En el sector se entiende que la aplicación de la reforma de la PAC negociada en 2014 entre Ministerio y comunidades se hizo bajo unos criterios de continuidad excesivos a la hora asignar los fondos, algo que se tradujo en el mantenimiento de los beneficios en determinadas explotaciones, sectores o zonas, mientras otros eran marginados. No ha funcionado, dicen, la convergencia de las ayudas. Los entonces responsables del Ministerio entendían que un cambio drástico en la distribución podría suponer un problema para la actividad de muchas explotaciones que hubieran programado su desarrollo sobre las mismas. Y los mayores apoyos se quedaron en el sur en regadíos, algodón y fundamentalmente en un tipo de olivar.

Hoy se aboga por el cambio profundo, pero no de un año para otro, para la adaptación de las explotaciones a la reducción de los pagos. Según los datos del Fondo Español de Garantía Agraria (Fega), en el ejercicio terminado en octubre los pagos de ayudas directas ascendieron a 5.692 millones de euros, a los que se suman otros 1.719 millones por desarrollo rural. De los abonos directos, 1.540 correspondieron a Andalucía, 926 Castilla y León, 698 a Castilla la Mancha, 546 a Extremadura, 446 a Aragón, 380 a Cataluña y 270 a Canarias. En el resto, las cantidades quedaron por debajo de los 200 millones.

Fuente: El País