Los cinco mayores acreedores de Duro Felguera, el denominado G5 formado por Santander, BBVA, Bankia, Sabadell y CaixaBank, discuten todavía el futuro del grupo de ingeniería. La empresa asturiana les solicita 80 millones en avales para que pueda seguir firmando proyectos. Una parte de las entidades es comprensiva con la compañía e insta a las demás a que se le vayan concediendo esos avales de manera progresiva. Los bancos, incluso, contemplan la refinanciación de los 85 millones de deuda que mantiene con ellos. Eso sí, al mismo tiempo, Duro Felguera debe ir dando pruebas fehacientes de que va cumpliendo con su plan de negocio.

Bankia y BBVA son las entidades que intentan buscar el consenso, mientras que CaixaBank y Sabadell son más partidarias de otra solución para Duro Felguera, que implica limitar sus relaciones con ella. Este plan B consiste en transformar los 85 millones de euros que se dejaron de deuda en obligaciones convertibles.

Duro Felguera se sacudiría así ese pasivo, ya que pasaría a computar como capital. Pero tendría que buscar avales para acudir a los concursos de proyectos a través de otras fórmulas. Le quedarían unos 15 millones de las obligaciones convertibles tipo B de la reestructuración de julio de 2018, pero tendría las manos libres para buscar recursos. Este plan sería complicado de cumplir; que financiadores habituales se desliguen de la firma agravaría el temor.

Fuentes financieras señalan que, “descartada la posibilidad de realizar una quita total sobre la deuda financiera de los bancos, o su transformación en capital de Duro Felguera, sin antes haber resuelto su viabilidad económico-financiera, se debe buscar una solución más equilibrada, en la que se tengan en cuenta todos los intereses y que permita que las entidades financieras concedan de nuevo avales de forma progresiva”. Otras fuentes cercanas a las negociaciones indican que esta es la hoja de ruta lógica para arreglar la empresa: gasolina para seguir con los negocios pero con un control férreo por parte de la banca.

Fuentes financieras reivindican el papel de los bancos en esta crisis. En junio de 2018, los acreedores financieros –Santander, CaixaBank, Sabadell, Bankia, BBVA, Liberbank y Banco Cooperativo– firmaron la reestructuración de la deuda financiera de Duro Felguera por 318 millones de euros. La ajustaron así a la capacidad de generación de caja del negocio, que dejaba respirar a la empresa y, al mismo tiempo, se realizó así un saneamiento de los fondos propios con una ampliación de capital por 125 millones para que estabilizar su situación patrimonial.

Fuerte quita

“La quita fue en torno al 73% de media de la deuda financiera, con el correspondiente impacto positivo en los resultados de Duro Felguera, y negativo para las entidades financieras, en función de su respectivo nivel de dotaciones”, señala un banquero que conoce las entrañas del proceso. “En todo caso, se consolidaron como pérdidas ciertas la parte de la quita realizada”, añade. De esta forma, los bancos mantenían una expectativa de cobro de al menos un 27% de su deuda: los 85 millones que aún les debe Duro Felguera.

Ahora, desde la empresa piden árnica para esa deuda que, según el plan inicial, debe devolver entre 2021 y 2023. Duro Felguera pide un futuro despejado, sin tener que pagar intereses en siete años. Una parte de la banca está dispuesta a discutir ese punto. Pero al mismo tiempo también reivindica su papel.

“La quita asumida ya fue de por sí elevada y refleja el esfuerzo realizado por las entidades financieras para apoyar la continuidad de los negocios de Duro Felguera. Lo que en ningún caso resulta razonable es solicitar a las entidades que realicen quitas por el 100% de la deuda financiera, porque con ello tan solo se beneficia a los accionistas”, añade un directivo de otra entidad.

Fuentes cercanas a la empresa defienden que la compañía de ingeniería asturiana se puso manos a la obra desde que se le dio el timón a José María Orihuela, nombrado consejero delegado en diciembre de 2018. Así, insisten en que ha reducido su riesgo con el G5 en casi 170 millones desde mayo de 2017, cuantía que subirá a los 200 millones el próximo mes. Lo ha logrado con la devolución de avales de proyectos terminados.

Los problemas acuciantes para Duro Felguera llegaron en marzo del año pasado, cuando evaluó todos los proyectos y detectó negocios fallidos por 110 millones adicionales que anotó como provisiones en las cuentas de 2018 y que sumó a los 40 millones ya identificados. Eso, después de la quita por 233 millones y de que la empresa ampliara capital por 125 millones.

La otra punta de lanza de Orihuela fue renegociar los proyectos fallidos firmados por la directiva anterior. De esta forma, la empresa contaba con una caja de 205,9 millones de euros a cierre de septiembre, lo que le da un margen amplio para seguir operando sin la espada de Damocles del concurso de acreedores. Logró también 47 millones de euros del laudo por el proyecto Roy Hill: se anotó 38 millones en 2018 y otros nueve en el primer semestre de 2019.

Por qué no se le concedieron los avales pactados en julio de 2018

Ampliación de capital y reestructuración. En julio de 2018 Duro Felguera amplió capital por 125 millones como uno de los requisitos de la banca para llevar a cabo la reestructuración, con quita incluida, de la deuda. Además, las entidades acordaron otorgarle una línea de avales por 100 millones siempre que una aseguradora respondiera por el 50%. “Pero estos avales estaban sujetos a determinadas condiciones, entre ellas la constitución de ciertas garantías, fundamentalmente prendas sobre determinados derechos de crédito”, explican desde una entidad. La aseguradora Cesce, participada en un 50,25% por el Estado, dio el blindaje en noviembre 2018, aunque el cierre de la documentación fue posterior. No obstante, las garantías reales seguían sin constituirse por motivos ajenos a los bancos, lo que impedía la emisión de avales, afectando aún más la capacidad de contratación de la compañía, que ya se había visto afectada por la falta de confianza de los mercados, señalan las fuentes financieras consultadas.

Desviaciones. Otro problema, ya con José María Orihuela como CEO, fueron las desviaciones por unos 110 millones que se reflejaron en las cuentas de 2018. “Fueron consecuencia de dotaciones en cuentas por cobrar (Venezuela y Argentina, entre otros países) y deterioros en proyectos (fundamentalmente en Argelia, Costa Rica, Perú y en un proyecto relativamente nuevo en Emiratos Árabes), que colocó nuevamente a la compañía en causa de disolución”, señala un directivo de una entidad. Ante la falta de visibilidad, con elevadas contingencias no resueltas y con las garantías aún sin constituir, los bancos no podían permitir que se dispusiese de nuevos riesgos en avales. Los cambios en los planes de tesorería tampoco ayudaron a generar en los bancos el necesario clima de confianza que permitiese conceder nuevas operaciones de riesgo, según las fuente consultadas. Con todo, la banca otorgó a finales de 2019 las dispensas necesarias para que la compañía vendiese activos y los fondos fuesen a cubrir sus necesidades de liquidez. También se estudió concederle más avales. El problema estaba en el entorno de incertidumbre en el que se pidió el apoyo a los bancos, que no permitía asegurar el buen fin de los nuevos avales.

Fuente: Cinco Días