Repsol anunció ayer en su informe financiero que ha iniciado un arbitraje contra PetroVietnam “en defensa de sus derechos” y considera que tiene “sólidos fundamentos legales” para reclamar una compensación por los perjuicios que se pudieran derivar de la parálisis de sus proyectos en el país asiático. La compañía abriga perspectivas de éxito, tanto en la reclamación como en la recuperación de los derechos mineros sobre 13 bloques, distribuidos en seis contratos: uno en producción con un área neta de 152 km2; otro en desarrollo con 1.236 km2, y cuatro en exploración, con una superficie neta de 72.248 km2.

La exposición patrimonial de Repsol en Vietnam a 30 de junio asciende a unos 906 millones (incluyendo fundamentalmente el inmovilizado material a esa fecha), existiendo compromisos adicionales relacionados con la inversión en estas áreas.

El 23 de marzo del año pasado, la compañía que preside Antonio Brufau, recibió instrucciones de PetroVietnam para que no continuara con las actividades programadas para el proyecto de desarrollo de Ca Rong Do en el Bloque 07/03, en el mar del Sur de China. Antes, en julio de 2017, la compañía vietnamita instó a Repsol a cesar sus actividades de perforación CKN-1X en los bloques exploratorios 135-136/03, también localizados en el mar del Sur de China. “El alcance de la suspensión de las actividades todavía no se ha determinado “, según Repsol, que subraya que está trabajando con PetroVietnam “para encontrar fórmulas de actuación que satisfagan los intereses de ambas partes y que permitan alcanzar una solución amigable a este conflicto” al margen del arbitraje.

Repsol ha proseguido en el segundo trimestre del año con el recorte de su exposición patrimonial en Venezuela y Libia, dos de los países con riesgo geopolítico, y que ha situado en 393 y 326 millones, respectivamente. A finales del primer trimestre, la exposición era de 436 millones en el primer país. Unos datos que contrastan con 1.480 millones a que ascendía a finales de 2017.

En otro de país de riesgo, Argelia, la petrolera española, aunque no espera impactos en su actividad por los cambios políticos, ha recortado la exposición patrimonial a 801 millones.

Fuente: Cinco Días